Tihuatlán, Ver.– La polémica dejó de ser un rumor. El propio alcalde Raúl Hernández Gallardo reconoció públicamente que los padres de la regidora Ninfa Gabriela Hernández Peñaloza no están en la nómina municipal, pero “APOYAN” en tareas gubernamentales y administrativas.
La declaración, lejos de disipar dudas, encendió nuevas alarmas entre ciudadanos y actores políticos locales, quienes consideran que se estaría normalizando la participación de particulares en funciones propias del Ayuntamiento, como la selección de proveedores, compras de consumibles, lonas y souvenirs, hasta acciones concretas como la programación de limpieza de áreas publicas y espaacios deportivos.
En Tihuatlán, la pregunta ya no es si cobran. La pregunta es si pueden ejercer funciones públicas sin nombramiento.
La ley no contempla gobiernos paralelos
La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: los servidores públicos deben conducirse con legalidad y evitar la intervención indebida de particulares en decisiones administrativas.
No existe en el marco jurídico la figura de “apoyo informal” en tareas gubernamentales cuando estas implican incidencia en procesos administrativos o toma de decisiones. Como el caso de la madre de la regidora quien aparte de los proveedores y compras ha fungido como jefa del director de comunicación social, pues de misma voz de Eleazar Vega, no se emite ningún boletín, si no lo autoriza Gabriela Peñaloza.
Si particulares participan en actividades que correspondan exclusivamente a funcionarios designados, podría configurarse intervención indebida e incluso usurpación de funciones conforme al Código Penal del Estado.
Responsabilidad directa del alcalde
En este caso, el señalamiento ya no recae únicamente en la regiduría.
El propio presidente municipal ha reconocido que permite dichos “APOYOS”.
Juristas consultados señalan que tolerar o autorizar la intervención de particulares en asuntos oficiales puede generar responsabilidad administrativa para el titular del Ejecutivo municipal, al vulnerarse el principio de legalidad que rige el servicio público.
El poder público no puede delegarse de manera informal.
Exigen intervención institucional
Ante esta situación, ciudadanos de Tihuatlán han comenzado a solicitar la intervención del Cabildo, pues aún cuando el mandatario municipal Raúl Hernández Gallardo, crea que su popularidad le basta para ser el mandamás de la administración, los regidores y la sindica son coadyuvantes en la tarea de gobernar y por tanto responsables de lo que Roberto y Gabriela hagan a nombre del Ayuntamiento.
Habitantes de este municipio, quienes por miedo a represalias prefirieron mantenerse en el anonimato, manifestaron estar preocupados por estas practicas, por lo que si no ven respuesta del cabildo solicitaran de manera formal la intervención del Congreso del Estado de Veracruz, órgano facultado para vigilar el actuar de los ayuntamientos o a la gobernadora Rocío Nahle García tome conocimiento del caso y, en el ámbito de sus atribuciones, se revise la legalidad de estas prácticas.
El llamado no es menor: la autonomía municipal no significa ausencia de control.
Más allá del discurso
Si el alcalde acepta que personas sin cargo oficial participan en tareas gubernamentales, el debate deja de ser político y se convierte en jurídico.
Los tihuatecos manifestaron que el servicio público no es voluntariado familiar. No es colaboración doméstica. No es extensión de relaciones personales. Es una función regulada por le y cuando la ley se flexibiliza por conveniencia, la institucionalidad se debilita.
En Tihuatlán, la exigencia es clara: transparencia, legalidad y respeto al marco normativo, orque gobernar no es improvisar es responder conforme a derecho, argumentas los tihuatecos preocupados.
