La Realidad es… | Benjamín Portilla
La censura rara vez llega anunciándose como censura. Generalmente se presenta envuelta en discursos de protección, regulación o defensa de los derechos ciudadanos. Esa es precisamente la preocupación que hoy despiertan los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, presentados en la conferencia matutina del Gobierno Federal bajo el argumento de fortalecer los derechos de las audiencias.
La intención parece noble. El problema comienza cuando la autoridad pretende convertirse en árbitro de lo que es información y de lo que es opinión.
La pregunta de fondo no es jurídica, sino democrática: ¿quién tiene el derecho de decidir qué puede ver, escuchar o creer un ciudadano? ¿El Estado o cada persona con su propio criterio?
Durante años se ha insistido en que la ciudadanía debe desarrollar pensamiento crítico, contrastar versiones y formarse un juicio propio. Sin embargo, ahora pareciera abrirse la puerta a un modelo donde una autoridad determine cuándo un comunicador está informando y cuándo está opinando, obligando incluso a colocar advertencias en pantalla bajo la amenaza de sanciones económicas.
El problema no es la transparencia. Informar al público siempre será positivo. Lo preocupante es la enorme zona gris que dejan conceptos tan subjetivos.
¿Dónde termina un dato y comienza una opinión?
Si un periodista afirma que la economía mexicana crece poco, ¿está informando o interpretando cifras? Si califica un hecho violento como indignante, ¿está describiendo una realidad o emitiendo un juicio? Si cuestiona una política pública o contrasta un discurso oficial con resultados visibles, ¿eso merece una etiqueta especial?
Las respuestas no son simples. Precisamente por eso resulta peligroso que exista una autoridad con la facultad de decidirlo.
Porque cuando el comunicador comienza a preguntarse si una palabra puede costarle una multa, aparece un enemigo silencioso de la libertad de expresión: la autocensura.
Y la autocensura es mucho más efectiva que cualquier prohibición abierta.
No hace falta cerrar un medio de comunicación cuando basta con sembrar el miedo suficiente para que deje de hacer preguntas incómodas.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que estos lineamientos no representan ningún intento de censura. Es una postura legítima y merece ser escuchada. Sin embargo, en democracia no basta con confiar en la buena voluntad de quienes gobiernan. Las leyes y los reglamentos deben diseñarse pensando también en los gobiernos futuros, incluso en aquellos que podrían no respetar las libertades.
Las democracias maduras no se construyen sobre la confianza ciega en el poder, sino sobre límites claros al ejercicio de ese poder.
El ciudadano no necesita una autoridad que le diga qué pensar. Necesita información plural, voces distintas y la libertad de decidir a quién escuchar y a quién no . Porque esa siempre ha sido la mayor fortaleza de una sociedad libre: el derecho de elegir.
Cuando el gobierno comienza a clasificar las palabras, tarde o temprano termina clasificando también las ideas. Y ahí es donde la libertad deja de ser un derecho para convertirse en un permiso.
La Realidad es … que la mejor defensa de las audiencias no consiste en decirles qué contenido consumir, sino en confiar en su inteligencia para decidir por sí mismas. La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones con las que coincidimos; protege, sobre todo, aquellas que incomodan al poder.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Después de analizar la posibilidad de que una autoridad determine qué es información y qué es opinión, la discusión inevitablemente conduce a una pregunta aún más delicada: ¿quién supervisará a quienes pretenden supervisar a los medios de comunicación?
Porque el problema nunca ha sido la existencia de reglas. Toda democracia necesita normas. El verdadero riesgo aparece cuando esas reglas quedan sujetas a interpretaciones políticas.
La libertad de expresión no muere únicamente cuando se prohíbe publicar una noticia. También comienza a debilitarse cuando un periodista piensa dos veces antes de formular una pregunta incómoda, cuando un conductor evita utilizar determinado calificativo por temor a una sanción o cuando un medio modifica su línea editorial para evitar problemas con la autoridad.
Eso también es censura, aunque no lleve ese nombre.
Los nuevos mecanismos anunciados contemplan códigos de ética, sistemas de quejas y figuras encargadas de defender los derechos de las audiencias. Sobre el papel parecen herramientas razonables. Sin embargo, toda institución depende menos de lo que dice la ley y más del uso que quienes ejercen el poder hagan de ella.
La historia demuestra que muchas restricciones a las libertades comenzaron justificándose en el interés público. El argumento siempre es el mismo: proteger a la sociedad. Lo preocupante es que, con frecuencia, terminan protegiendo al gobierno de las críticas.
Y entonces surge una interrogante que no admite evasivas: si los medios estarán sujetos a nuevas formas de vigilancia, ¿el propio gobierno aceptará someterse exactamente a las mismas reglas?
Si la objetividad será obligatoria para periodistas y comunicadores, ¿también deberá exigirse en las conferencias oficiales? Si las audiencias tendrán derecho a corregir o cuestionar el trabajo de la prensa, ¿contarán con los mismos mecanismos para replicar las afirmaciones del poder?
La democracia no puede funcionar con reglas distintas para gobernantes y gobernados.
El Estado no puede convertirse simultáneamente en actor político, juez y árbitro del debate público. Cuando eso ocurre, la balanza deja de estar equilibrada. Al final, el mejor regulador nunca ha sido una comisión ni un comité técnico. El verdadero juez es la ciudadanía.
Es el ciudadano quien decide qué medio merece credibilidad, qué periodista conserva su confianza y qué información resiste el contraste de otras fuentes. Nadie está obligado a seguir una sola voz. La pluralidad informativa existe precisamente para que cada persona compare, cuestione y forme su propio criterio.
La libertad también implica asumir esa responsabilidad.
Quien desconfía de un comunicador tiene el derecho de cambiar de estación, cerrar una página o buscar otra versión de los hechos. Esa posibilidad es, precisamente, una de las mayores fortalezas de una sociedad abierta.
Cuando el gobierno comienza a decidir qué contenidos requieren advertencias, cuáles son aceptables y cuáles podrían ser sancionados, la discusión deja de ser técnica y se convierte en política.
Porque hoy puede tratarse de un medio incómodo para el poder; mañana podría ser cualquiera que piense diferente.
La Realidad es… que ninguna comisión puede sustituir el criterio de millones de ciudadanos. La mejor defensa de las audiencias no consiste en tutelar su pensamiento, sino en respetar su inteligencia. En una democracia auténtica, la libertad no necesita guardianes; necesita ciudadanos capaces de ejercerla y gobiernos dispuestos a garantizarla, incluso cuando las voces críticas resulten incómodas.
